El sistema universitario está
produciendo desigualdad: cada vez son más los que pueden acceder a una
titulación privada, pero también los que encuentran dificultades para cursar
una carrera en una universidad pública.
En el ranking mundial de universidades que se
publica cada año no es posible encontrar una universidad española entre las 150
mejores. Los años de la crisis vieron cómo la inversión en educación caía a la
mitad, después de haber alcanzado su máximo en 2009. En la actualidad, según un
informe publicado el año pasado por la Conferencia de Rectores de la
Universidad Española, La Universidad Española en Cifras 2015/2016, nuestro
país se cuenta entre aquellos de la UE donde las matrículas son más caras y la
dotación de becas es más baja.
Esta situación se agravó en los años de la
recesión, en los que la inversión en I+D retrocedió un 7% entre 2008 y 2015,
mientras que en los países de la OCDE subía de media un 4,9%. El resultado de
estos recortes es la expulsión de 70.000 alumnos cada curso del sistema de
ayudas para estudiar en la universidad.
En España, el acceso a los estudios universitarios
es inferior al de los países desarrollados de su entorno. Según el
informe, un 47% de la población cursa estudios de grado, frente al 54% de media
de la OCDE. Entre los jóvenes, la población universitaria representa al 41%,
frente al 49% de Reino Unido o el 60,6% de Canadá.
El documento señala que, en los últimos años, las
universidades españolas han perdido un 7,24% de su alumnado, pero en el mismo
periodo las universidades privadas han visto aumentar su número de alumnos en
21,13%. El sistema universitario está produciendo desigualdad: cada vez son más
los que pueden acceder a una titulación privada, pero también los que
encuentran dificultades para cursar una carrera en una universidad
pública.
La universidad pública se sostiene con impuestos,
esto es, con el esfuerzo económico de todos, también de aquellos a los que la
renta no les alcanza para ofrecer a sus hijos una educación superior. Para
muchas familias la universidad pública resultado de los recortes representa una
política regresiva: costean con sus impuestos los estudios de las clases
medias, al tiempo que el deficitario sistema de becas y los elevados precios de
las matrículas plantean una barrera de entrada infranqueable para sus
hijos.
La desigualdad en el acceso a la educación superior
tiene consecuencias económicas y laborales permanentes. El desempleo es menor
entre aquellos que cuentan con una titulación universitaria y también los
salarios son de media más altos.
Por último, son muchos los estudiantes y sus
familias que han de hacer verdaderos esfuerzos para poder acceder a la
universidad y pagar la matrícula cada año.
Todos estos datos convierten en absolutamente
inadmisibles algunas de las noticias que estamos conociendo estos días. El
escándalo sobre la falsificación del título de máster de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no es un asunto personal ni una
anécdota. Ha destapado toda una red clientelar entre los políticos del PP y la
URJC. Se trata no solo de un comportamiento público deshonesto, sino de la
corrupción de nuestra mejor herramienta pública de excelencia: la universidad.
Pero el caso de Cifuentes no es único. La
universidad pública está lamentablemente llena de otros ejemplos igualmente
vergonzantes. Hace unos días supimos que la Fundación de la Universidad Pompeu Fabra estuvo
pagando 8.000 euros mensuales a Jordi Sànchez mientras fue presidente de la ANC. Dinero de todos los contribuyentes
destinado a financiar la secesión inconstitucional de Cataluña.
Oriol Junqueras obtuvo su título de doctor con
“una tesis de 420 páginas de las cuales el 76%, esto es, ¡319 planas!,
correspondían a fotocopias de publicaciones ya editadas y evaluadas con
anterioridad o a lo que en el ámbito universitario serio se llama seguidismo
(reproducir las ideas y argumentos de otro autor sin explicitarlo ni tampoco
nada propio u original a aportar)”.
Hace unos años, la Pompeu Fabra creó una
cátedra ad hoc sobre diversidad social para encontrar salida
profesional a quien fuera vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod
Rovira.
La concesión sospechosa de títulos de grado,
posgrado y becas de investigación ha beneficiado a políticos de izquierda y de
derecha, constitucionalistas y nacionalistas, y hasta a terroristas de ETA. Las irregularidades están lo suficientemente extendidas como para
tomar el asunto en serio y no abordarlo como un escándalo puntual.
Son muchos los alumnos aplicados y los profesores
honrados que cada día se esfuerzan por sacar adelante su titulación y por
desarrollar del mejor modo su trabajo. Los primeros afrontan el pago de
matrículas costosas con amplias restricciones a la concesión de becas. Los
segundos luchan por abrirse camino en el ámbito académico, que a menudo
corresponde con precariedad y bajos salarios a sus más brillantes
investigadores. Ninguno de ellos se merece el desprestigio que les están
infligiendo Cristina Cifuentes y otros políticos irresponsables y
tramposos.
Sabíamos que España tiene pendiente acometer una
gran labor de regeneración de sus instituciones. Hoy también sabemos que la
universidad pública ha de ser una de sus prioridades.
17 abril 2018
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