En el centro de la Universidad Simón Bolívar hay
un laberinto de flores. Dicen en el campus que los estudiantes que lo recorren
hasta el centro no se gradúan y que quienes caminan en él cuando tienen un
problema, lo habrán olvidado al salir. Pero poco sirve la superstición cuando
el problema es el propio laberinto. Aunque de lejos mantiene su belleza, quien
lo recorre se encuentra con macetas vacías, hojas secas y plantas envueltas por
telarañas. Más de 30.000 de sus 53.000 plantas están marchitas. El jardín
cromovegetal, regalo del maestro Carlos Cruz-Diez a la Universidad, está
muriendo.
La Universidad Simón Bolívar nació para apuntalar
el desarrollo de Venezuela, en una época en la que el país planificaba las
obras de ingeniería más desafiantes de su historia, como la central
hidroeléctrica de Guri o el Metro de Caracas. También fueron tiempos marcados
por el conflicto, porque había enfrentamientos políticos entre el gobierno y
las universidades nacionales, en particular la Universidad Central de
Venezuela.
Raúl Leoni decretó la creación de la universidad
en 1967. En aquel entonces se llamaba Universidad de Caracas. La idea era que
fuese una casa que educara a los mejores científicos para el desarrollo del
país y también que fuese una universidad alejada de conflictos políticos que
interrumpieran las clases.
Con ese mandato inició sus clases el 14 de enero
de 1970 en los terrenos de la antigua hacienda de Sartenejas, a las afueras de
Caracas. Al momento de la primera clase, la universidad había cambiado su nombre
a Universidad Simón Bolívar, a petición de varias instituciones, entre ellas la
Academia Nacional de Historia.
Los primeros estudiantes presentaron su examen de
admisión en los pasillos de la casa rectoral. Las vías internas eran de tierra
y había pocos edificios listos. El bosque de pinos envolvía a la universidad.
Si llovía, un tractor ayudaba a sacar los carros que quedaban enterrados en el
estacionamiento. Comenzaron con cinco carreras: Matemática, Química, Física,
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Química.
La universidad convocó a un grupo de los mejores
profesores de la época: decanos, coordinadores y docentes formados en la
Universidad Central de Venezuela, cerrada después del allanamiento que hizo el
gobierno de Rafael Caldera en octubre de 1969. El primer rector fue el filósofo
Ernesto Mayz Vallenilla, también ucevista, quien hizo énfasis en una educación
integral que combinara ciencia con humanismo. La USB, afirmaba, debía ser la
representación de “la ciencia, la conciencia y la verdad”.
La universidad consolidó su reputación entre las
principales casas de estudio del país desde sus primeros años. En la actualidad
ofrece 18 carreras de pregrado entre licenciaturas, ingenierías y TSU, con el
proyecto de dos nuevas: Economía y Artes Liberales. Tiene 77 programas de
posgrado en todas las áreas, 14 de ellos doctorados. Más de 44.000 egresados
han salido de sus aulas, entre carreras de pregrado y posgrado.
Pero la Universidad ya no es la misma. Ahora
enfrenta problemas que atentan contra su supervivencia: sus profesores
renuncian, los estudiantes desertan y no tienen dinero para investigar. La
universidad autónoma más joven del país dejó de crecer en la última década.
Desde hace tres años está al borde del colapso.
Casi
todos los departamentos de la universidad tienen vacantes por las renuncias de
profesores y empleados administrativos.
Profesores migrantes
La universidad ha perdido 864 profesores del
campus de Sartenejas en los últimos 10 años. Esa cifra supera a toda la
plantilla de docentes de esa sede este año, que en marzo tenía 604 profesores.
En el primer trimestre de 2018 renunciaron 12 docentes. En julio, la Asociación
de Profesores (APUSB) contaba 112, lo que convierte a 2018 en el año con más
renuncias.
William Anseume, presidente de la APUSB, señala
que la mayoría se va a países que ofrecen salarios mejores. Algunos marchan al
cono sur, otros a países como Ecuador o Colombia, donde un profesor puede ganar
5.000 dólares al mes.
Hasta agosto de este año, un profesor titular con
dedicación exclusiva -el mayor rango de la tabla salarial- cobraba 500
bolívares soberanos mensuales, equivalente a 12 dólares al tipo de cambio de
remesas de ese mes. Hace diez años, ese mismo rango cobraba el equivalente a
900 dólares, según la tasa oficial de 2008. En una década el salario docente
perdió el 97% de su valor.
Después del reciente aumento de salario mínimo,
decretado en 1.800 bolívares soberanos el 17 de agosto, el Ministerio de
Educación Universitaria impuso nuevos sueldos sin discutirlos con los
sindicatos. Ahora un profesor titular con dedicación exclusiva gana 3.171
bolívares, equivalente a 31 dólares a la tasa paralela de principios de
septiembre.
La Federación de Asociaciones de Profesores
Universitarios de Venezuela (FAPUV) reclama que en la nueva tabla el sueldo
máximo equivale a 1,5 salarios mínimos. En la anterior, definida en contrato
colectivo, el nivel más bajo cobraba 4,75 sueldos. Es una violación a la
progresividad de sus derechos, denuncian.
“Son las condiciones laborales también. Se va la
luz, se va el agua, no funciona el internet, no hay manera de sacar efectivo.
Las limitaciones son demasiadas”, explica Anseume. Su propia computadora se
dañó por un apagón y no tienen dinero para repararla.
La USB ofrecía un seguro médico con cobertura
completa para los profesores y sus familias, pero el año pasado el gobierno
centralizó los seguros universitarios a un sistema del ministerio. La cobertura
en 2018 es de 30 bolívares soberanos (0,3 dólares). Un antigripal cuesta 150
bolívares.
La caja de ahorros, con la que antes los
profesores compraban casa o carro, ahora la usan para comida. En julio, por
ejemplo, en esa oficina vendieron huevos.
Anseume recuerda que cuando ingresó a la
universidad, hace 20 años, tuvo que competir con 14 personas para su cargo como
profesor de lenguaje. Este año la universidad abrió 120 concursos para llenar
sus vacantes. Nadie se postuló para el 85%. No pudieron cubrir los puestos de
102 profesores.
Los
comedores cierran a veces por falta de presupuesto y cuando abren tienen menos
estudiantes que atender porque muchos han abandonado sus carreras.
Los estudiantes no regresan
En el primer trimestre de 2018, la cuarta parte de
los estudiantes no regresó a las aulas.
La Dirección de Admisión y Control de Estudios
(DACE) reporta que desde 2010 ha aumentado el porcentaje de estudiantes activos
que, a pesar de haber aprobado sus materias, no se vuelven a inscribir para el
siguiente trimestre.
La Secretaría hizo una encuesta en abril de este
año a 2.180 estudiantes que abandonaron su carrera. El 33% de los consultados
dijo que tenía intención de emigrar y otro 16% se retiró porque necesitaba
trabajar para mantenerse.
Parte de los estudiantes que no se vuelven a
inscribir son los que ingresaron por el sistema de admisión de la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU). El rector Enrique Planchart, un
matemático egresado de la UCV y la Universidad de California, Berkeley, que ha
sido profesor de la USB desde 1973, afirma que la mayoría de esos estudiantes
no tienen el nivel educativo que exige la universidad y se retiran porque no
pueden llevar el ritmo. “No queda ni la mitad” de los estudiantes que
ingresaron en 2017, afirma el rector.
La universidad creó un nuevo programa de
nivelación para los asignados por OPSU. No quieren perder más estudiantes.
Hasta el año 2015 la USB elegía el 70% de sus
nuevos estudiantes con un examen de admisión, el otro 30% lo seleccionaba la
OPSU considerando sus notas en bachillerato. La OPSU eliminó la prueba y ahora
asigna todos los cupos con un sistema que evalúa el desempeño académico (50%),
condiciones socioeconómicas (30%), cercanía a la universidad (15%) y
participación en actividades comunitarias (5%).
La Secretaría de la USB denunció que la OPSU ha
incumplido con su propia metodología de admisión. La evaluación del 87% de los
estudiantes asignados por ese sistema en 2016 dio mayor peso a las condiciones
socioeconómicas, territorialidad y actividades comunitarias que a las notas de
bachillerato. En 2017 ocurrió con el 92% de los asignados.
El Consejo Directivo de la universidad emitió un
comunicado el 28 de febrero de este año para pedir a la OPSU que aclare la
situación. Todavía espera respuesta.
Además de los estudiantes que abandonan su
carrera, en los últimos 13 años también ha aumentado la cantidad de admitidos a
la USB que no se inscriben ni la primera vez.
Esos puestos vacíos los llenaban llamando a la
lista de espera, los estudiantes que seguían en el orden de selección y que
suben de posición con cada admitido que no se inscribe. En 2017 y 2018 la OPSU
envió tarde la lista de admitidos y no envió lista de espera, así que la
universidad no pudo llenar el 100% de los puestos disponibles.
Este trimestre septiembre-diciembre de 2018, la
OPSU admitió 2.288 nuevos aspirantes. Las clases comenzaron en la USB con 1.158
de esos estudiantes.
La USB creó un nuevo sistema de ingreso, llamado
Mecanismo para el Empoderamiento de Competencias Educativas (MECE), para cubrir
los puestos vacíos. Este año se inscribieron 2.694 aspirantes y admitieron a
233. En total, 1.391 nuevos estudiantes empiezan clases este trimestre.
La
Fuente Hidrocinética, uno de los símbolos de la universidad, no ha sido
encendida desde hace 5 años porque no tienen dinero para repararla. Ahora solo
tiene agua estancada en el fondo.
La investigación agoniza
El Decanato de Investigación y Desarrollo recibió
1.640 bolívares (16,4 dólares a la tasa paralela de septiembre) para 2018. Ese
presupuesto debe pagar desde las resmas hasta los programas de investigación,
pero en septiembre solo alcanzaba para dos kilos y medio de café.
La decana Yamilet Quintana alertó el 9 de mayo a
las autoridades que pronto se quedarían sin dinero. El vicerrectorado
administrativo envió la advertencia al ministerio. No ha recibido respuesta.
El Sistema de Información de Actividades de
Investigación de la universidad (Sinai) registra que en la última década había
100 proyectos nuevos de investigación y desarrollo por año. Hasta julio solo
habían registrado 18 proyectos nuevos en 2018.
El decanato tiene un programa para incentivar
proyectos, pero solo pueden otorgar 50 bolívares (0,5 dólares). Las
investigaciones que mantienen se deben en su mayoría a empresas privadas o
estatales que contratan los servicios de la universidad. Empresas Polar, Pdvsa
y Corpoelec son algunas.
“Cuando se va un investigador, se te va un
creativo. Pierdes millones de ideas”, advierte Quintana. Entre los recortes y
el éxodo, cada vez es más difícil mantener la producción científica.
La biblioteca inició este trimestre con un horario
reducido. Les falta personal, no tienen agua y falla el aire acondicionado, así
que ahora cerrarán a las 5:30 pm, dos horas antes de lo acostumbrado.
A pesar de la crisis, la investigación es el área
que mantiene la reputación internacional de la universidad. Este año la Simón
Bolívar ocupó el puesto 39 entre más de 400 universidades de Latinoamérica en
el QS ranking de la organización Top Universities. Es la segunda de Venezuela,
superada solo por la UCV.
Ese ranking evalúa a la universidad, entre otras
cosas, por su reputación académica y su red internacional de investigación. La
USB es considerada una universidad pequeña, pero con un nivel muy alto de
producción académica.
Suspensiones por agua
El problema que ha paralizado la universidad con
mayor frecuencia este año ha sido la falta de agua. Hidrocapital ha suspendido
el servicio más de 25 días en la sede de Sartenejas. Un mes completo.
La dirección de Planta Física estima que el campus
usa un millón de litros de agua al día. Cuando falla Hidrocapital, utilizan los
dos tanques de la universidad, que guardan esa misma cantidad de agua. Para no
perder clases, rehabilitaron un pozo y colocan pipotes de 100 litros en 44
baños de la universidad, los cuales llenan con botellones de 20 litros cargados
en el pozo.
Tienen pocos trabajadores y el carro de la dirección se dañó. Así
que si no consiguen un vehículo prestado, los obreros deben repartir los
botellones a pie en todo el campus. Eso les permite aguantar una semana como
máximo. Si la falla de Hidrocapital se prolonga por más de siete días, resulta
inevitable suspender.
El único sitio que tiene agua es la piscina, que
no funciona desde hace cuatro años, y el foso de saltos que cumplió siete años
sin uso. Entre los dos tienen 2 millones de litros de agua. El rectorado
consideró usarlos como reservorios, pero están verdes y tienen algas en la
superficie. La Dirección de Deportes necesita un par de bombas para
reactivarlos. Cada una cuesta 14.000 dólares en Estados Unidos y el
departamento no tiene dinero ni para iluminar las piscinas. Varias veces se han
metido ladrones a robar hasta la grifería de los baños.
El
foso de saltos es uno de los pocos lugares donde siempre hay agua en la
universidad, pero no funciona desde hace 7 años.
Los robos han aumentado en el campus. Este año el
propio rector Planchart fue víctima del hampa. El 20 de febrero encontró su
carro estacionado en el puesto del rectorado, pero sin cauchos. Como no hay
dinero para reponerlos, el carro asignado al rectorado cumplió en septiembre
siete meses sobre los cuatro bloques donde lo dejaron los ladrones.
En
febrero robaron los cauchos del carro del rector Enrique Planchart.
El presupuesto y sus problemas
Benjamín Scharifker fue rector de la USB entre
2005 y 2009. Cada uno de esos años el gobierno entregó a la universidad la
misma cantidad de dinero para trabajar, sin ajustes por inflación. Las
universidades públicas, incluyendo a las autónomas, se financian principalmente
con el presupuesto que les asigna el gobierno.
Cuando empezó 2009, el presupuesto aprobado por el
gobierno era 18% inferior a lo que necesitaba la universidad y en abril de ese
año la OPSU decidió quitarles un 6% de ese presupuesto insuficiente. El recorte
coincidió con un aumento salarial y un incremento del IVA, lo que obligó a la
universidad a reducir sus gastos un 23%.
Scharifker recuerda que después de pagar salarios
y becas, el dinero que quedó solo alcanzó para mantener los jardines. Tuvieron que
quitar recursos a otras áreas. Por primera vez cancelaron las suscripciones a
revistas científicas y actualización de biblioteca. Desde 2009 tampoco reciben
recursos para dotar laboratorios ni hacer investigaciones.
Enrique Planchart fue electo rector un mes después
y considera que la situación presupuestaria empeoró. Ahora deben entregar un
Plan Operativo Anual cada mes de julio al Ministerio de Educación
Universitaria, en el que estiman cuánto necesitarán para el año siguiente. En
el entorno hiperinflacionario de Venezuela, el cálculo pierde vigencia y para
el inicio de año el presupuesto solicitado ya no alcanza.
Además, el ministerio no lo entrega completo. Para
2018, el gobierno autorizó el 10,5% del presupuesto que pidió la universidad en
julio de 2017, a pesar de que la solicitud no contemplaba los cinco aumentos
salariales decretados después de ese mes, ni la hiperinflación en la que entró
el país en noviembre del año pasado.
El 72% del presupuesto aprobado es para pagar
salarios del personal, 15% para providencias estudiantiles y 14% para servicios
y mantenimiento. Nada para investigación.
La universidad recibe el dinero desde dos
instituciones. El ministerio entrega el presupuesto en transferencias
mensuales, pero como no alcanza para pagar salarios y becas completas, cada mes
deben pedir dinero a la OPSU para cubrir el faltante.
Hasta julio de este año la OPSU entregó 4 veces
más dinero para insuficiencias de lo que el ministerio transfirió por
presupuesto.
El rector Planchart considera que el problema es
que el gobierno no comprende ni respeta el rol de las universidades y su
postura crítica. “A este gobierno le causa terror que haya gente,
intelectuales, que estén haciendo análisis. Además proponiendo soluciones,
porque nosotros no solo criticamos, pero esas soluciones no acompañan las
políticas del gobierno”, afirma.
Planchart debió entregar su cargo en 2013, pero no
tiene sucesor. Ninguna universidad autónoma ha podido hacer elecciones desde
que la Asamblea Nacional aprobó en 2009 la Ley Orgánica de Educación, que
impuso nuevas condiciones para elegir sus autoridades. Como lo consideraron una
violación a la autonomía universitaria, los rectores pidieron al Tribunal
Supremo de Justicia que anulara la ley. Desde 2012 esperan que se pronuncie.
En la USB renunciaron los dos vicerrectores. Como
no podían hacer elecciones, la universidad designó a sus sucesores. El gobierno
ignoró el nombramiento para el vicerrectorado académico y designó en ese cargo
al profesor Luis Holder, que no tenía carrera en la USB, sino experiencia en el
Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y la Universidad
Bolivariana. Holder permanece en el vicerrectorado académico aunque la APUSB no
lo reconoce.
Con 84 años, Planchart se niega a renunciar. Teme
que el gobierno tome el control. El silencio del TSJ hizo vitalicio su cargo
como rector.
El
doctor Enrique Planchart es rector de la universidad desde 2009 y no puede
abandonar su cargo si no hay elecciones.
Egresados como docentes
La Asociación de Egresados de la USB creó un
programa llamado “Volver a la Simón”, para permitir que los exalumnos regresen
a la universidad como docentes y cubrir algunas de las vacantes.
Mariano Arias es uno de ellos, egresado de la
cohorte 1981 y ahora docente de Ingeniería Electrónica. Cuando empezó clases en
enero de 2017 tenía 40 estudiantes en su salón, el doble de lo usual. Se
inscribieron quienes la habían perdido, los que les tocaba verla ese trimestre
y algunos que lograron colarse para adelantarla. Su materia es obligatoria del
último año de ingeniería y el trimestre anterior no hubo profesor. Temían que
Mariano también abandonara.
Mariano
Arias, egresado de la universidad, es parte de los integrantes del programa
“Volver a la Simón”, ahora es profesor de Ingeniería Electrónica.
El primer trimestre que trabajó en 2017 le pagaron
0,75 bolívares. Trabajó otros períodos ad honorem y a partir de septiembre de
2018 le dijeron que cobraría 7,5 bolívares por los tres meses, el equivalente a
0,075 dólares en la tasa paralela de principios de mes.
La materia que enseña Arias se llama Redes de
Computadoras. En ella debe enseñar a sus alumnos a interconectar varios
equipos, pero solo cuenta con una computadora que tiene más de 8 años. Su
materia debería ser práctica, pero solo puede hacer simulaciones.
“Deberíamos tener suficientes equipos para que
esos 20 alumnos puedan sentarse cada uno con una máquina. Más que simularla,
deberíamos construir una red real. La hacemos virtual, porque un router, que es
un equipo típico de esta clase de redes, cuesta alrededor de 5.000 dólares. Si
tengo que comprar 10 routers para que los muchachos trabajen en parejas,
estamos hablando de 50.000 dólares”, explica.
Entre 2006 y 2008, los últimos años con
presupuesto, el departamento de Electrónica compró nuevos equipos y componentes
para las prácticas, algunos mejores que los que poseen otras universidades del
país. Han cerrado algunos laboratorios para equipar otros, pero todavía
funcionan, destaca el profesor Guillermo Villegas, encargado de los
laboratorios.
Sufren algunas materias, como la de Mariano Arias,
pero están mejor que otros departamentos. En Química hay laboratorios sin
reactivos y no pueden trabajar sin agua, comenta la coordinadora de esa
carrera, la doctora Aivlé Cabrera.
Salvavidas desde el extranjero
Los egresados en el extranjero también aportan. En
septiembre de 2015 un grupo de exalumnos reunidos en Boston, Estados Unidos,
crearon AlumnUSB, una organización de caridad que ha aportado casi 125.000
dólares en donaciones para diferentes áreas de la universidad.
“La iniciativa que utilizamos para crear ese
vínculo con la organización y la universidad la llamamos ‘Un café por la USB’
con un hashtag. La idea de #UnCaféxUSB es colaborar lo equivalente a lo que
cuesta un café en la ciudad donde vives y tomártelo con colegas egresados”, explica
el presidente de la organización, Gabriel Golczer-Gatti, un egresado de
licenciatura y maestría en Biología de la USB que ahora cursa su doctorado en
Tufts University.
Desde su creación, más de 50 ciudades en el mundo
han tomado un café por la universidad. AlumnUSB ha recibido donaciones de 1.191
egresados desde 41 países. También han donado personas externas a la
universidad y compañías como Google, Apple y Amazon.
La agrupación es una red para exalumnos y hasta
ahora ha ubicado a 25.676 de los más de 44.000 egresados en 97 países,
incluyendo Venezuela. Al menos 13.000 de ellos se encuentran en el extranjero.
AlumUSB ha entregado computadoras, equipos para
laboratorios, hasta comida para los ratones del bioterio. Tienen 31 estudiantes
becados y en julio de 2018 crearon un programa para entregar bonos de 600
dólares anuales a los profesores.
“Muchos pensamos que no estuviéramos aquí, en
Estados Unidos, en Europa, sin la educación gratuita que nos dio la Universidad
Simón Bolívar. Es el mismo caso de la Central. Todo fue gratis, sentimos que no
pusimos nada y este es el momento de dar de vuelta”, afirma Golczer-Gatti.
En todas las áreas de la universidad reconocen la
labor de los egresados, aunque no es suficiente para cubrir sus necesidades. El
rector Planchart considera que son el mayor aporte de la universidad, pero
lamenta que la mayoría no regresará a Venezuela. Scharifker, su predecesor,
coincide en que muchos no volverán, pero destaca que representan una
oportunidad.
“A lo mejor durante el lapso de sus vidas, y
probablemente la generación posterior, todavía van a tener lazos con Venezuela.
Eso va a facilitar el establecimiento de relaciones con otros países”, afirma
Scharifker.
Sobrevivir para crecer
La apuesta de crear futuro aumenta en la Universidad
Simón Bolívar con dos carreras nuevas: Artes Liberales y Economía. La
universidad las había planteado antes del recorte presupuestario en 2009 y,
después de 9 años con el plan engavetado, el Consejo Nacional de Universidades
las aprobó en julio de este año.
El rector Planchart considera que el gobierno no
quería aprobarlas para evitar el crecimiento de la universidad. Ahora que las
autorizaron, están dispuestos a abrirlas. El rector afirma que son
“relativamente baratas” porque no requieren infraestructura nueva. Lo que
necesitan es ocupar los cargos de los profesores que han renunciado para pagar
con esas partidas a nuevos docentes.
El profesor Daniel Varnagy, que estudió su
pregrado, maestría y doctorado en la USB, y ha sido docente por 20 años, fue coautor
del proyecto de Economía. Explica que ya tienen algunos profesores del área por
los posgrados que ofrecen y también tienen contactos con docentes interesados
en enseñar desde el extranjero. Es posible que las nuevas carreras inicien en
septiembre de 2019.
“Hay una serie de cosas sobre las cuales hay que
hacer inversiones, pero una parte del recurso humano ya existe, también la
infraestructura de la universidad. Lamentablemente la deserción estudiantil
hace que haya muchos más salones de lo que nosotros quisiéramos”, explica.
El proyecto de Economía fue estructurado con la
participación del Banco Central de Venezuela, entre 2002 y 2004. Varnagy lo
planteó hace unos años a Nelson Merentes, pero no obtuvo una respuesta clara.
Empezarán, con o sin el BCV.
Es difícil predecir qué pasaría si los esfuerzos
fallan y la universidad cierra. Nadie quiere averiguarlo. Si de algo están
seguros es que si llega un último día, ahí estarán trabajando.
“La meta y el fin último de la universidad se va a
seguir llevando a cabo hasta el último día en que funcione”, promete Varnagy.
La Universidad Simón Bolívar nació para
proyectarse en el futuro y lo hace aún en el contexto actual. En tiempos de su
fundación, el rector Mayz Vallenilla afirmó que sería el “símbolo de los
tiempos por venir”. Para Varnagy, debe ser el faro que guíe a Venezuela. Con un
éxodo creciente, menos recursos y la crisis como única certeza, la universidad
reinició clases este septiembre. Al menos para quienes pudieron regresar este
trimestre.
Foto principal: La universidad ha realizado jornadas para tratar de mantener las plantas marchitas que conforman el jardín cromovegetal.
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