Respetables jóvenes:
En junio de 2018 se cumplirán 100 años de la
reforma universitaria iniciada en Córdoba (Argentina) que tan profundas
repercusiones provocó en el sistema universitario latinoamericano. En América
Latina se estaba iniciando con algún retraso el siglo XX. Argentina parecía
entonces como el país con mejores posibilidades para pasar del tercero al
primer mundo por los niveles alcanzados por su economía, por su potencial
educativo y porque en política la presidencia de Hipólito Irigoyen, conquistada
cívicamente en 1916, ofrecía claros auspicios democráticos. En Europa estaba
terminando la primera guerra mundial y con ella el dominio de estados
imperiales anclados en los más recalcitrantes sectores económicos, sociales y
políticos. Desde México llegaban todavía aires románticos de la revolución que
había comenzado en 1911 aunque en 1917 buscaba ya su regularización
institucional. Eran también los tiempos de la revolución rusa que en los
confines de Europa con Asia marcaba el inicio alentador de esperanzas en las
posibilidades de una sociedad nueva y justa.
Estas fuerzas y circunstancias espolearon al
estudiantado de la Universidad de Córdoba para promover la reforma de la vieja
institución argentina y proponer a los universitarios de Sudamérica la
modernización de las instituciones de educación superior del continente. Las
razones internas fueron plasmadas, dramática y juvenilmente, en el manifiesto
liminar de la reforma dado a conocer el 21 de junio de 1818, en los siguientes
términos: “…las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los
mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los
inválidos y -lo que es peor aún- el lugar en donde todas las formas
de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara”.
Noventa y ocho años después de Córdoba y, en el caso
de Venezuela, cincuenta y ocho años después de la reforma legal que le dio
forma jurídica a las conquistas del movimiento universitario continental del
siglo XX, nos encontramos otra vez ante la necesidad de evaluar críticamente lo
que hay que hacer ahora para que lo que está pasando en nuestras universidades
y en nuestra sociedad no nos impida, por segunda ocasión, llegar con retardo a
un nuevo siglo. Sin el menor asomo de lisonja para con ustedes, tenemos la
convicción de que este es el tipo de tarea que el destino le reserva de tiempo
en tiempo a la juventud. Para decirlo con las propias palabras del manifiesto
liminar de Córdoba, porque “…la juventud vive siempre en
trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido aún
tiempo de contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus propios
maestros. Ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando”.
En nuestra opinión, entre las
fuerzas y factores que apremian por un cambio deben ser citados:
1.- Un mandato
internacional.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su “declaración mundial sobre la
educación superior para el siglo XXI: visión y acción”, formulada en 1998,
registró el hecho de que la segunda mitad del siglo XX pasaría a la historia de
la educación superior como la época de su expansión más espectacular (en el
mundo el número de estudiantes pasó de 13 millones en 1960 a 82 millones en
1995) pero que “dado el alcance y el ritmo de las transformaciones la sociedad
tiende más a fundarse en el conocimiento…la propia educación superior ha de
emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás
haya tenido por delante”.
Esta
advertencia de la UNESCO es el prólogo de un proceso que deberá tener lugar en
el siglo XXI una vez que nos hayamos despojado todos del temor al misterio y a
la incertidumbre con que antes los seres humanos nos interrogábamos sobre el
porvenir. Primero, porque el futuro ya no es una cuestión de ciencia ficción
como se le consideraba hasta no hace muchos años cuando prácticamente no
existían herramientas teóricas para pronosticar lo que sería el mañana más o
menos lejano de nuestra sociedad. Hoy los especialistas en la planificación e
investigación del futuro que ya trabajan en universidades del primer mundo
registran la curiosa paradoja de que el largo plazo parece más predecible que
el corto plazo. Segundo, porque está en curso una sorprendente revolución
tecnológica, especialmente en el dominio de las comunicaciones, y las
universidades no pueden darse el lujo de quedar convertidas, por inercia y por
descuido o por inacción, en museos más o menos sofisticados.
2.- Las propias
urgencias de Venezuela.
Entre las urgencias venezolanas que deben ser
atendidas prioritariamente para que nuestras universidades no pierdan el tren
modernizador de la educación superior que ya tiene un camino hecho en otras
instituciones del mundo, nosotros encontramos cuatro fuentes específicas.
La primera está representada por el hecho de que el
marco jurídico de la educación superior del país presenta hoy una doble
contradicción que traba su desarrollo. De una parte, la vigencia de una ley que
fue concebida para una realidad institucional que no guarda ninguna
correspondencia con el cuadro general de la educación superior en estos
momentos. Para 1958, momento cuando se dicta el decreto-ley de universidades
que conserva su perfil inicial a pesar de la reforma sufrida en 1970 en el
Congreso Nacional fundada en razones políticas, en Venezuela existían ocho
centros educativos de nivel superior (en el sector público cinco universidades
y el Instituto Pedagógico Nacional, y en el sector privado dos universidades)
mientras que en la actualidad, 58 años después, existen en Venezuela alrededor
de 180 instituciones de educación superior que forman un conjunto organizativo
y funcional definitivamente heteróclito. DE otra parte, de las cinco
universidades existentes para el momento de dictarse la ley de 1958, por
mandato de ese texto legal cuatro eran plenamente autónomas. Lo que quiere
decir esto es que la autonomía tenía el carácter de principio legal regulador
de la educación universitaria venezolana y lo sigue teniendo a pesar de que en
la actualidad la inmensa mayoría de las instituciones de educación superior,
gracias al subterfugio de la reforma de la Ley de Universidades de 1970, no son
autónomas sino “experimentales”, es decir obedientes administrativas de las
directrices oficiales en materia de organización y gobierno.
La segunda proviene del rango jurídico superior que
ha pasado a tener el principio autonómico en Venezuela. Hasta 1999 el principio
autonómico de la educación superior venezolana era de rango legal y, a partir
de ese año es de carácter constitucional, lo cual quiere decir, en palabras del
distinguido jurista y profesor Moisés Trocónis Villarreal, quien realizó un
cuidadoso examen del artículo 109 de la Constitución, que “la competencia de
las universidades autónomas para dictar sus propias normas de gobierno,
funcionamiento y administración, salvo las relativas al control y vigilancia de
la administración de su patrimonio, no puede ser invadida ni usurpada por el
legislador ordinario, la Asamblea Nacional, pues ello significaría la violación
directa del mandato contemplado en el artículo 109 constitucional”. Esto
significa que quien está en mora con el cumplimiento del mandato constitucional
de 1999 somos nosotros los universitarios y no el Gobierno o el Poder
Legislativo. Los integrantes de la comunidad universitaria de cada universidad
autónoma estamos obligados a dictar nuestro propio estatuto autonómico, lo cual
significa someter a profunda revisión el desempeño de nuestras instituciones
universitarias en el transcurso de los últimos 58 años y establecer
las pautas que regirán su desempeño futuro.
La tercera fuente de las urgencias nacionales para
impulsar el cambio y la renovación de nuestro sistema universitario está
directamente conectada con la necesidad superior de asentar sobre bases sólidas
la soberanía nacional y el desarrollo del país. La expresión del reto es la
siguiente: con el final del siglo XX Venezuela perdió los dinamismos
fundamentales que explicaron el progreso alcanzado por nuestra sociedad en lo
económico, lo social, lo político y lo espiritual, y se equivocó dramáticamente
al escoger como fórmula de remplazo la locura depredadora que ha prevalecido en
los primeros dieciséis años del siglo XXI. El futuro del progreso nacional y de
la auténtica defensa de nuestra soberanía no depende ni dependerán de las armas
sino del desarrollo del conocimiento, es decir de la ciencia y las humanidades,
y por esa razón su escenario natural no son ni serán los cuarteles sino las
universidades. Las armas y quienes las manejan pueden llegar a tener una
significación táctica pero el contenido estratégico solamente puede encontrarse
en el trabajo de las universidades como culminación de un portentoso
proceso de cambio en el sistema educativo nacional. El conocimiento científico
y humanístico producido en las universidades será también el soporte de la
autonomía de nuestra defensa. No debe durar más tiempo la sangría que está
sufriendo el país con la fuga de tantos recursos humanos calificados en
nuestros principales centros de estudio y formación.
Y la cuarta, está representada hoy por
los efectos de la política de educación superior adelantada por el régimen
actual que, tanto desde el punto de vista estructural como conceptual y
funcional, ha creado un conjunto institucional paralelo al existente que no
solo no apuntó en su concepción a la superación de los problemas existentes
sino que ha creado nuevas fuentes de dificultad por la manera como se concibió
la formación profesional de los jóvenes, por los desajustes crecientes
derivados de la inserción de los nuevos egresados en la escala de valores que
la sociedad reconoce de ordinario a quienes salen graduados de la universidad
venezolana, y porque subestimó sin justificación el trabajo de creación
científico y humanístico como basamento del desarrollo autónomo del país por descuidar
la calidad de los recursos humanos a quienes se encargó la responsabilidad de
atender ese nivel educativo y porque, contra los principios universales
establecidos sobre la neutralidad política de la educación, se pretendió
convertir la educación superior regimentada por el gobierno, en un instrumento
de ideologización de los estudiantes.
Ahora bien, nos parece que tareas como las
planteadas en este mensaje deben ser encaradas con el más grave sentido de
responsabilidad. La primera cuestión que se impone es la reorganización
nacional del movimiento estudiantil. Esta no es solo una necesidad para el
estudiantado sino para toda la sociedad venezolana. La precariedad de las
organizaciones políticas, profesionales y gremiales del país podrían encontrar en
un nuevo movimiento estudiantil un acicate para superar los grandes desafíos
que tiene planteados Venezuela en la actualidad. Y tal vez este primer logro se
facilite si se diseña un esquema organizativo democrático y moderno para las
nuevas estructuras y si estas se hacen oscilar alrededor de la obligación
doctrinaria de definir y llevar adelante los objetivos a alcanzar para la
reforma de la educación superior venezolana. El año 2017 podría ser consagrado
a la reorganización del movimiento y a la discusión de las ideas y papeles de
la reforma. El año 2018 pudiera ser el de la sanción del proyecto de reforma
con sus implicaciones legales, políticas, institucionales y financieras. Por
las razones que anteceden y como simple incentivación a la discusión que deberá
tener lugar, ponemos en manos de ustedes la exposición de motivos y el
anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Educación Superior de
Venezuela que hemos presentado al Consejo Universitario de la Universidad de
Los Andes en el primer semestre de este 2016.
Al expresarles una vez más
nuestro respeto, les anticipamos el reconocimiento por la decisión que adopten
en relación con la propuesta que les estamos formulando.
Atentamente, desde Mérida….
MENSAJE A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y DE TODA
VENEZUELA CON MOTIVO DEL PROXIMO CENTENARIO DEL MOVIMIENTO REFORMISTA DE LA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA (ARGENTINA) Y LA NECESIDAD DE CONMEMORAR LA
TRASCENDENTAL FECHA EN NUESTRO PAIS PROMOVIENDO LA REORGANIZACION DEL
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y LAS REFORMAS QUE REQUIEREN HOY NUESTRAS UNIVERSIDADES.
(Documento redactado el 19 de septiembre de 2016 por el profesor José
Mendoza Angulo y entregado a dirigentes estudiantiles de la Universidad de Los
Andes)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario