Resulta necesario discutir los estándares de
propiedad intelectual impuestos por los países ricos. Incluso en áreas
sensibles como la salud, los parámetros actuales están diseñados para maximizar
los beneficios de las grandes compañías.
Cuando el gobierno
sudafricano intentó enmendar sus leyes en el año 1997 con el propósito de
recurrir al uso de medicamentos genéricos asequibles para el tratamiento del
VIH/SIDA, todo el poder legal de la industria farmacéutica mundial ejerció
presión sobre este país, retrasando la implementación y causando un alto costo
humano. Sudáfrica finalmente ganó su caso, pero el gobierno aprendió la
lección: no volvió a intentar poner la salud y el bienestar de sus ciudadanos
en sus propias manos al desafiar al régimen mundial convencional que gobierna
la propiedad intelectual (PI).
Esto fue cierto
hasta este momento. Al presente, el gabinete sudafricano se prepara para
definir una política de propiedad intelectual que promete ampliar
sustancialmente el acceso a los medicamentos. La Sudáfrica de hoy en día, sin
lugar a dudas, enfrentará toda clase de presiones bilaterales y multilaterales
a ser ejercidas por los países ricos. Sin embargo, el gobierno está en lo
correcto, y otras economías emergentes y en desarrollo deberían seguir sus
pasos.
En las últimas dos
décadas, se ha tenido una resistencia importante proveniente del mundo en
desarrollo en contra del actual régimen de propiedad intelectual. En gran
parte, esto se debe a que los países ricos han intentado imponer un modelo
único para todos en el mundo, al influir en el proceso de reglamentación en la
Organización Mundial del Comercio (OMC) e imponer su voluntad mediante acuerdos
comerciales.
Los estándares de
propiedad intelectual que los países avanzados prefieren típicamente se diseñan
para maximizar los beneficios de las grandes compañías farmacéuticas y de otros
que pueden controlar e influir en las negociaciones comerciales, en vez de
diseñarse para maximizar la innovación y el progreso científico. No causa
sorpresa, por lo tanto, que los grandes países en vías de desarrollo con bases
industriales de importancia – como por ejemplo, Sudáfrica, India y Brasil –
lideren el contraataque.
Estos países están
principalmente apuntando a la manifestación más visible de injusticia de la
propiedad intelectual: la accesibilidad a los medicamentos esenciales. En la
India, una enmienda del año 2005 creó un mecanismo único con el propósito de
restablecer el equilibrio y la equidad para patentar normas, salvaguardando de
esa forma el acceso. Al haber superado varias impugnaciones en procesos
nacionales e internacionales, se ha determinado que la ley cumple con los
estándares de la OMC. En Brasil, la acción temprana por parte del gobierno para
tratar a las personas con VIH/SIDA dio lugar a varias negociaciones exitosas,
lo que redujo considerablemente los precios de los medicamentos.
Está plenamente
justificado que estos países se opongan a un régimen de propiedad intelectual
que no es ni equitativo ni eficiente. En un trabajo
académico nuevo, revisamos los
argumentos sobre el rol de la propiedad intelectual en el proceso de
desarrollo. Mostramos que de manera preponderante la evidencia teórica y
empírica indica que las instituciones económicas y las leyes que protegen al
conocimiento en las economías avanzadas de hoy en día son cada vez más
inadecuadas para gobernar la actividad económica mundial y son poco adecuadas
para satisfacer las necesidades de los países en vías de desarrollo y de los
mercados emergentes. De hecho, son perjudiciales a las necesidades humanas
básicas, como ser la atención médica adecuada.
El problema central
es que el conocimiento es un bien público (mundial), tanto en el sentido
técnico que indica que el costo marginal de que alguien lo use es cero, como en
el sentido más general que señala que un aumento en el conocimiento puede
mejorar el bienestar a nivel mundial. Ante esto, la preocupación ha sido que el
mercado vaya a proveer una cantidad escasa de conocimientos, y no se incentive
adecuadamente la investigación.
A lo largo del
siglo XX, las creencias populares indicaban que esta falla del mercado se podía
corregir mejor introduciendo otra falla: los monopolios privados, creados a
través de patentes rigurosas que se aplicaban estrictamente. Sin embargo, la
protección privada de la propiedad intelectual es solo una ruta para resolver
el problema del fomento y financiación de la investigación, y ha sido una
solución más problemática de lo que se esperaba, incluso en el caso de los
países avanzados.
Un «matorral de
patentes» cada vez más denso en un mundo de productos que requieren miles de
patentes a veces ha sofocado la innovación, y en algunos casos se ha gastado
más en abogados que en investigadores. Además, a menudo, la investigación no
está dirigida a producir nuevos productos, sino a extender, ampliar y
aprovechar el poder monopólico otorgado a través de la patente.
La sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del año
2013 relativa a que los genes naturales no pueden patentarse ha proporcionado
una prueba para determinar si las patentes estimulan la investigación e
innovación, tal como los promotores de esta posición sostienen, o impiden dicha
investigación e innovación al restringir el acceso al conocimiento. Los
resultados son inequívocos: la innovación se ha acelerado, lo que lleva a
mejores pruebas diagnósticas (para determinar, por ejemplo, la presencia de los
genes BRCA relacionados con el cáncer de mama) a costos mucho más bajos.
Existen al menos
tres alternativas para financiar e incentivar la investigación. Una es confiar
en los mecanismos centralizados de apoyo directo para la investigación, como
por ejemplo en los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Nacional para
la Ciencia en Estados Unidos. Otra alternativa es descentralizar el
financiamiento directo a través de, digamos, créditos fiscales. O, una tercera,
un organismo gubernamental, una fundación privada o una institución de
investigación que pueda otorgar premios por innovaciones exitosas (o por otra
actividad creativa).
Se puede considerar
al sistema de patentes como uno que adjudica premios. Pero, el premio impide el
flujo de conocimiento, reduce los beneficios derivados de dicho premio y
distorsiona la economía. Por el contrario, la alternativa final a este sistema
maximiza el flujo de conocimiento, al mantener un espacio común creativo, un
ejemplo de esta alternativa es el software de código abierto.
Las economías en
desarrollo deberían utilizar todos estos abordajes para promover el aprendizaje
y la innovación. Al fin y al cabo, los economistas han reconocido durante
décadas que el determinante más importante del crecimiento – y, por lo tanto,
de los avances en el desarrollo y bienestar humano – son el cambio tecnológico
y el conocimiento que dicho cambio encarna. Lo que separa a los países en vías
de desarrollo de los países desarrollados es tanto una brecha en el
conocimiento como una brecha en los recursos. Para maximizar el bienestar
social a nivel mundial, los encargados de formular políticas deberían alentar
decididamente la difusión del conocimiento de los países desarrollados a los
países en vías de desarrollo.
Pero, si bien el
argumento teórico a favor de un sistema más abierto es sólido, el mundo se ha
estado desplazando en la dirección opuesta. Durante los últimos 30 años, el
régimen de propiedad intelectual prevaleciente ha erigido más barreras al uso
del conocimiento, lo que a menudo hace que se amplíe la brecha entre las
ganancias sociales derivadas de la innovación y las ganancias privadas. Los
poderosos grupos de presión de las economías avanzadas que han configurado ese
régimen establecieron de manera clara que las ganancias privadas se encuentran
en primer lugar, lo que se refleja en su oposición a las disposiciones que
reconocen los derechos de propiedad intelectual asociados con los conocimientos
tradicionales o la biodiversidad.
La adopción
generalizada de una estricta protección de la propiedad intelectual que se
lleva a cabo hoy en día también es una que históricamente no tiene precedentes.
Incluso entre los primeros industrializadores, la protección de la propiedad
intelectual llegó muy tarde y con frecuencia se evitó deliberadamente para
permitir que la industrialización y el crecimiento acontezcan más rápidamente.
El régimen actual
de propiedad intelectual no es sostenible. La economía mundial del siglo XXI
diferirá de la del siglo XX en al menos dos maneras que son de crítica
importancia. Primero, la importancia económica de las economías como la de
Sudáfrica, India y Brasil será sustancialmente mayor. En segundo lugar, la
«economía sin peso» – es decir, la economía de las ideas, el conocimiento y la
información – representará, una parte cada vez mayor de la producción tanto en
las economías desarrolladas como en las economías en vías de desarrollo.
Las reglas
relacionadas con la «gobernanza» del conocimiento mundial deben cambiar para
reflejar estas nuevas realidades. Un régimen de propiedad intelectual dictado
por los países avanzados hace más de un cuarto de siglo, en respuesta a la
presión política de algunos de sus sectores, es poco coherente en el mundo de
hoy. Maximizar las ganancias para unos pocos, en lugar de maximizar el
desarrollo y el bienestar a nivel mundial para muchos, tampoco fue algo muy
coherente en aquel entonces – excepto en términos de la dinámica de poder de
dicho momento.
Esas dinámicas
están cambiando, y las economías emergentes deben tomar la iniciativa en la
creación de un sistema de propiedad intelectual equilibrado que reconozca la
importancia del conocimiento para el desarrollo, el crecimiento y el bienestar.
Lo que importa no es solo la producción de conocimiento, sino también que dicho
conocimiento se use en maneras que se sitúe la salud y el bienestar de las
personas por delante de las ganancias corporativas. La posible decisión de
Sudáfrica sobre permitir el acceso a la medicina puede ser un hito importante
en el camino hacia ese objetivo.
Nueva Sociedad, Octubre 2017
Fuente:
Project Syndicate
Traducción:
Rocío L. Barrientos
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