“La incidencia de la minería ilegal en la Amazonía, especialmente en territorios indígenas y áreas naturales protegidas, ha aumentado exponencialmente en los últimos años con el incremento del precio del oro. Sin embargo, es una de las presiones a la Amazonía menos investigada, debido a los riesgos asociados a su monitorización. Por eso, RAISG decidió incluirla como uno de los temas que requieren monitorización continua, especialmente dados sus impactos sociales y ambientales”, indicó Beto Ricardo, Coordinador General de RAISG.
De todos los puntos de minería ilegal mapeados, la mayoría se encuentra en Venezuela, seguido por Brasil, Ecuador y Perú. De 649 áreas naturales protegidas, 55 tienen puntos de minería ilegal activos o dragas dentro de sus límites. Hay también un total de 41 áreas naturales protegidas que sufren daños indirectos, ya sea en áreas de amortiguamiento o en los límites. Entre 6.207 territorios indígenas, 37 presentan minería ilegal dentro del territorio y otros 78 en su entorno.
RAISG apunta a que para hacer frente a este problema es necesaria una acción transfronteriza, con cooperación entre varios países amazónicos. Las soluciones requieren la fiscalización y retiro de los mineros ilegales, especialmente en territorios indígenas y áreas protegidas, así como la generación de alternativas económicas para los pueblos indígenas y otros habitantes de la región.
10 de diciembre, 2018
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