Sigue
el país agitado, de protesta en protesta, luego de que el régimen decidió a lo
bravo y de manera inconsulta abolir todas las contrataciones colectivas y
derogar más de cuarenta años de conquistas laborales en el mes de agosto pasado
luego de imponer una reconversión monetaria que la unanimidad de los
economistas consideran, luego de dos meses de su aplicación, un fracaso
oceánico. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
en lo que va del año hemos tenido 9.355 protestas, de esas 2.239 son debido a
los malos servicios públicos y han ocurrido 14 muertes por culpa de la
represión. Sólo en el mes de septiembre, luego del nefasto Paquetazo de Maduro,
se produjeron 983 manifestaciones de calle, a razón de 33 por día. El Régimen
bajo la hegemonía comunicacional las ignora por completo y quiere dar la
impresión de una falsa normalidad. El último trimestre del año que ya está
corriendo será aún peor.
Mí
escepticismo respecto al actual cerebro económico del Régimen es absoluto, y
sobre sus buenas intenciones: nulas. No sólo hay una explícita incapacidad sino
que reina la opacidad en todos los procesos administrativos de la Nación.
El
Régimen gasta los dineros públicos como sí estos le hubiesen sido otorgados por
una herencia milenaria de legítima procedencia cuando en realidad el asalto al
poder y su mantenimiento a sangre y fuego es su último designio.
Mucho
se ha dicho sobre la persistencia de una oclocracia en la Venezuela colonizada
por los bolivarianos más allá de toda una terminología revolucionaria de dudosa
sinceridad y que se nutre de los paradigmas de la post verdad tan en boga en
los sistemas políticos autoritarios característicos de estos primeros años del
siglo XXI. Todo lo que el régimen venezolano “promete” a través de sus
principales voceros es mentira. Las nuevas medidas económicas tenían como
propósito abatir la hiperinflación, -la más grande del mundo-, sincerar el
gasto público desordenado mediante una disciplina fiscal férrea, liberar los
controles del mercado financiero alrededor del dólar y permitir que los
asalariados del país tuvieran un mayor poder adquisitivo con los nuevos
anuncios de la reconversión monetaria. La gente se emocionó cuando pensó que el
salario mínimo de 1800 bolívares soberanos equivalía a 180 millones de
bolívares fuertes. Todo esto resultó una gran estafa. Otra más, de un Régimen
cuya seña de gestión es la más grande improvisación, negligencia e
irresponsabilidad.
El
principio de realidad como consecuencia de una política perversa de nivelación
social hacia un estadio de subsistencia precario nos explotó en la cara a todos
los venezolanos, muy especialmente, al numeroso sector de profesionales y
empleados públicos que no sólo empezamos a ganar el salario mínimo sino que
nuestro pago fue fraccionado arbitrariamente por semanas. Las llamadas Tablas
Salariales que se habían elaborado en las distintas contrataciones colectivas
firmadas por los trabajadores organizados y el patrono representado por el
Régimen quedaron anuladas sin mayor explicación. La poca meritocracia que aún
teníamos en el país fue abolida y hoy tenemos un Derecho Laboral tragicómico.
Además, el trabajo como valor social, desapareció haciendo que el reposerismo
reine con la anuencia de la nomenclatura instalada en Miraflores. Además, el
Régimen engendró una nueva modalidad desde la informalidad y el contrabando: el
bachaqueo, actividad innoble aunque muy bien lucrada.
Los
profesores universitarios del país, sector dónde me ubico, hemos sido
despedidos sin que medie una carta de despido formal. En realidad es un
pre-aviso que ya miles de mis colegas han sabido interpretar buscando nuevos
aires laborales en los países vecinos que saben apreciar el talento de nuestros
profesionales en las distintas áreas del conocimiento. Esta estampida es
promovida sin disimulos por el Régimen que procura deshacerse de un sector
educado y profesional que le es contrario por su misma condición de seres
pensantes y con auto-valía propia. En cambio, los que nos quedamos y no nos
queremos ir, tenemos que sobrellevar una humillación cotidiana como la de
cobrar 950 bolívares soberanos a la semana que apenas alcanza para comprar un
kilo de carne. Todos sabemos que con ese ingreso paupérrimo no se puede vivir
ni atender ninguna contingencia, ni las usuales y mucho menos las imprevistas.
Las
protestas de los trabajadores es real y furibunda: todos los días. Hasta se han
sumado las nóminas de PDVSA, CORPOELEC, BCV, SIDOR, CNE, Metro de Caracas, TSJ
y otras empresas e instituciones cuyos trabajadores se creían inmunes al
maltrato laboral por ser todas “rojas rojitas”. El racionamiento salarial es
una política cuyo propósito último es rendir sin condiciones a toda una
población laboral convirtiéndola en menesterosos del Régimen desde “la
sobrevivencia de lo irregular” (Miguel Ángel Campos).
Sí
bien se sigue protestando en las calles y distintos ámbitos por restituir las
Tablas Salariales y por un salario justo y digno el problema no se resuelve
desde lo coyuntural sino abatiendo la hiperinflación. El problema no tiene nada
que ver con el aumento del salario y sí con el poder adquisitivo real de
nuestra moneda. Y para que esto funcione nuestra economía debería ser saneada
radicalmente. Y todos sabemos que mientras estén los bolivarianos nada de esto
será posible. Cada día que transcurre en la Venezuela decadente de los
chavistas la melancolía se extiende junto a la fatiga histórica.
7 noviembre, 2018
Director
del Centro de Estudios Históricos de LUZ
@LOMBARDIBOSCAN
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